Por Danny Canales
dcanales@inversioninmobiliariacr.com

Foto: En Costa Rica el negocio de bienes raíces no es regulado, lo que preocupa a autoridades y sectores involucrados.

La Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces impulsa un proyecto de ley para regular la práctica informal y la nula reglamentación que existen en los contratos inmobiliarios en este país.

El proyecto se encuentra en trámite en la corriente legislativa a la espera de ser asignado a la Comisión respectiva en el Congreso.

Precisamente esta regulación será discutida en el III Congreso Inmobiliario Latinoamericano que se celebrará en el país entre 9 y 10 de agosto.

Mediante la nueva legislación se busca reglar esta actividad pues se viene realizando sin el debido respaldo de leyes y reglamentos que protejan tanto a los participantes del sector inmobiliario como a sus clientes.

Ana Seydi López, presidente de la Cámara, detalló que entre lo que se procura regular son, entre otras cosas, las obligaciones fiscales con la Hacienda Pública, pues actualmente existe vacío y confusión en este campo.

Precisamente, uno de los puntos clave de este proyecto de ley es generar la obligación de que cada corredor esté registrado y requiera de una licencia para ejercer, lo cual contribuye a tener mejores controles sobre prácticas inadecuadas como el lavado de dinero por medio de la venta de propiedades.

Además se plantea establecer mejores controles sobre prácticas inadecuadas como el lavado de dinero por medio de la venta de propiedades.

El proyecto de ley contempla que sea desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que se regule la actividad, para que desde ahí se den los lineamientos y se cuente con un registro de personas que cumplen con los requisitos para llevar a cabo la actividad.

De acuerdo con el proyecto de ley, ninguna persona podrá realizar actividades de correduría en bienes raíces de forma habitual o profesional sin contar con la correspondiente licencia vigente otorgada por el Ministerio de Economía.

La publicación de esta ley contribuiría además a una mejor imagen del país en materia regulatoria en lo que se refiere al mercado inmobiliario y cerraría portillos frente a prácticas anómalas.