Por Danny Canales

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Foto: Cortesía de APM Terminals. La terminal de contenedores de Moín es la única obra de concesión que está en construcción en este momento, impulsada por los dos últimos gobiernos del PLN.

El gabinete anunciado por el Presidente electo Carlos Alvarado Quesada vislumbra que la empresa privada tendrá una mayor participación en el plan de desarrollo de infraestructura, con relación a la que tuvo en el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Cuatro de las personas escogidas por Alvarado, para que le acompañen en el gabinete, han estado relacionadas con el impulso de proyectos viales, portuarios y aeroportuarios, por medio del modelo de concesión de obra pública.

Ellos son Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, André Garnier Kruse, a quien se le asignó la responsabilidad de enlazar al gobierno con el sector empresarial y Edna Camacho Mejía, coordinadora del sector económico.

Aunque no necesariamente el futuro gobierno se inclinará solamente por la figura de concesión de obra pública, sí da muestras claras que habrá un giro importante respecto al mandato de Solís Rivera, donde no se tramitó ninguna obra nueva con financiamiento privado, la única que avanzó –terminal de contenedores de Moín- fue gestionada por los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla.

La discusión respecto a la importancia de participar al capital privado en la construcción, mantenimiento y ampliación de proyectos de infraestructura ha estado sobre la mesa en los últimos meses, pues tal como ha quedado evidenciado en el mal estado de puentes de carreteras de alto tránsito en el país, el Estado costarricense carece de recursos económicos para por lo menos mantener la red vial existente.

Esa situación ha llevado al país a ocupar bajos puestos en la lista mundial de competitividad en materia de infraestructura vial y portuaria; incluso con índices muy por debajo del resto de los países de la región.

Siendo ministro de Obras Públicas y Transportes en el gobierno Rodríguez Echeverría (1998-2002), Rodolfo Méndez fue a quien le correspondió implementar la entonces recién reformada ley de concesión de obra pública, que es la base de la que existe en la actualidad.

Durante su gestión se suscribió el contrato de concesión para la ampliación de la carretera Bernardo Soto con la empresa mexicana Mariscal Hermanos (Marhnos), en setiembre de 1998. Además se empezaron las gestiones para la construcción de la carretera entre San José y Caldera, mediante ese mismo modelo de financiamiento y se negociaron las condiciones para construir los puentes mayores de la carretera a Caldera.

Méndez Mata y Garnier Kruse se vuelven a encontrar en un gobierno, André Garnier fue precisamente el encargado de abrir la primera oficina del Consejo Nacional de Concesiones que tuvo el país, durante la administración Rodríguez Echeverría.

Durante la gestión de Garnier se definieron los primeros proyectos de infraestructura que aplicaban para gestionarse por medio de la figura de concesión.

La nueva Ministra de Hacienda Rocío Aguilar es la persona que le ha dedicado más trabajo y esfuerzo a este modelo, casi todas las concesiones que se han analizado en el país pasaron por sus manos en algún momento. Aguilar fue secretaria del Consejo Nacional de Concesiones entre 2002 y 2005, cuando renunció para asumir como Contralora General de la República.

En el caso de Edna Camacho, su relación con el modelo de concesión de infraestructura es indirecto pero muy fuerte.

Ello porque fue parte del equipo económico del presidente Abel Pacheco, como viceministra de Egresos y, a su vez, es la esposa de Javier Chaves, quien fue ministro de Obras Públicas en ese mismo gobierno y muy afín a la participación público-privado en el desarrollo de infraestructura.