El Gobierno argentino autorizó esta semana la venta de 39 inmuebles del Estado que estaban "subutilizados" o abandonados con el objetivo de aprovechar su potencial urbanístico para reactivar así varias actividades productivas e impulsar la economía del país.
Por Redacción Inversión Inmobiliaria
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El Gobierno argentino autorizó esta semana la venta de 39 inmuebles del Estado que estaban "subutilizados" o abandonados con el objetivo de aprovechar su potencial urbanístico para reactivar así varias actividades productivas e impulsar la economía del país.
A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña- se oficializó la subasta de 26 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, 4 en su cinturón urbano, otros 4 en Córdoba (centro), 3 en Mendoza (oeste) y 2 en Salta (norte).
El Gobierno consideró que no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil porque, además de la pérdida de su valor, existen costes asociados a su mantenimiento, así como "riesgos latentes de ocupación" y de convertirse en "focos de inseguridad".
El texto destaca también el "evidente perjuicio urbanístico y social" que provoca la conservación de tales activos en estado de "subutilización, desocupación o abandono".
En ese sentido, el Ejecutivo vio necesario ponerlos a disposición de terceros para impulsar su valor "con foco en proyectos de desarrollo local y regional" y maximizar su "potencial inmobiliario o urbanístico" mientras coopera con el sector privado a través de la construcción y la generación de "empleo genuino". "
Las operaciones que se propician no sólo constituirán una fuente de ingresos para el tesoro nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", agregó en el decreto.
La subasta se enmarca en la política de gestión de activos públicos que lleva adelante la Administración de Bienes del Estado (AABE) y se realizará a través del Banco Ciudad en un proceso público, abierto y para el que habrá una convocatoria acorde con la ley.
Fuentes: Agencias
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