Por Redacción INversión INmobiliaria

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El Gobierno francés presentó esta seman un proyecto de ley sobre la vivienda que incluye controles más estrictos de los alquileres turísticos con multas de hasta 50.000 euros a las plataformas como Airbnb que no respeten las reglas.

Quienes alquilen sus viviendas amuebladas en esas plataformas no sólo deberán registrarse previamente -una obligación en vigor desde diciembre- sino que tendrán que comunicar el número de días que han tenido clientes. 

No se podrán superar las 120 noches para la residencia principal, ya que superar ese umbral implica declararse como profesional, y las multas para el incumplimiento de la normativa irán de 5.000 a 10.000 euros.

Sobre todo, el Ejecutivo contempla en su texto sanciones para las plataformas de entre 10.000 y 50.000 euros.

El objetivo es tratar de limitar el efecto inflacionista para los alquileres en algunas ciudades turísticas por la proliferación de viviendas que se ofrecen para ese mercado para cortos periodos. 

Airbnb tiene en cartera 450.000 viviendas en Francia, una cifra que hay que comparar con las 650.000 habitaciones de hotel. En París son 65.000, frente a las 80.000 plazas hoteleras.   

En su proyecto de ley, el Gobierno plantea también una reforma de la vivienda social, con la agrupación de las entidades propietarias para que tengan como mínimo un parque de 15.000 cada una.

Esos organismos, conocidos por sus siglas HLM (Viviendas de Alquiler Moderado), propondrán a los ocupantes la venta de los pisos y las casas con el objetivo de ceder 40.000 anuales, de un parque total de 4,5 millones.     

El pasado año se empezaron 427.000 viviendas en Francia y para intentar estimular la construcción se limitarán los recursos legales posibles, que bloquean muchas operaciones inmobiliarias, y se acelerará la resolución de demandas judiciales en un plazo máximo de diez meses.     

Al mismo tiempo, se limitará al 10 % el porcentaje de nuevas viviendas que tendrán que estar adaptadas para personas de movilidad reducida, frente al 100 % en la actualidad. No obstante, el 90 % restante deberán ser "adaptables".     

Una novedad en el articulado de la proposición legislativa es la creación de un tipo de contrato de alquiler de "movilidad" de uno a diez meses de duración no renovables dirigido a estudiantes, personas en formación profesional en contrato de aprendizaje, en prácticas o en una misión laboral temporal. 

Los propietarios en este caso no podrán exigir ninguna fianza a estos inquilinos, pero podrán acogerse a una garantía pública, Visale, en caso de impagos.

Fuente: Agencias