Por Johnny Castro
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Foto: Se espera que la tecnología móvil 5G sea el estándar de comunicación móvil en 2025 y permitirá el desarrollo de Ciudades Inteligentes, las cuales ofrecerán automatización de servicios, realidad virtual y aumentada en el sector comercial, de salud, educación, entre otros.

La Ley N° 22.520, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de junio anterior, obligará a las instituciones públicas a que se pongan de acuerdo en lo relacionado a la instalación de ductos, torres, postería y antenas, en las vías públicas que abastecen de estos servicios a los desarrollos inmobiliarios y parques empresariales.

Esto facilitará el despliegue de nuevos servicios de telecomunicaciones como 5G o la ampliación de los actuales redes de fibra óptica, lo que mejorará la estabilidad y velocidad de las conexiones a Internet en todo el territorio nacional, abriendo las puertas a novedosos servicios como Ciudades Inteligentes, automatización, la realidad virtual y realidad aumentada en el sector comercial, de salud, educación, entre otros.

Eliminar las barreras que enfrentan los operadores de telecomunicaciones para el despliegue de redes de infocomunicación a través de los cuales ofrecen los servicios de voz, datos y videos, de forma alámbrica o inalámbrica, así como agilizar el otorgamiento de permisos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, son algunos de los objetivos que busca la recién aprobada legislación.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title="expresó Edwin Estrada, director de Desarrollo de Nae para Centroamérica"]Este proyecto es muy importante, ya que elimina barreras que el mismo Estado ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para el despliegue de las redes, por medio de las cuales se brindan los servicios en todo el país. Con la aprobación de este proyecto, definitivamente se facilita la reducción de la brecha digital y la llegada de los servicios especialmente a las zonas más vulnerables del país, además que ofrece seguridad jurídica a los inversionistas.[/quote]

Y es que hasta la fecha y desde que se dió la apertura del mercado de las telecomunicaciones en 2008, las instituciones de autónomas como AyA, ICE y los ministerios como el de Obras Públicas y Transportes, no coordinaban esfuerzos con las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, antes de intervenir una zona, ocasionando múltiples averías o afectaciones en los espacios donde se realizaban las obras.

De esta forma, los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), entes rectores en esta iniciativa de ley, cuentan con un plazo máximo de 120 días para desarrollar y planificar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

En el mismo periodo, las instituciones públicas involucradas en el proceso deberán extender certificaciones, trámites, permisos y cualquier otra gestión para la construcción, además de hacer cumplir los reglamentos y directrices necesarias para brindar la seguridad jurídica y simplificar trámites.

[quote width="auto" align="none" border="#013e76" color="#59a3d9" title="señaló Mario Montero, Presidente de la Cámara de Infocom"]Se autoriza a las instituciones autónomas, universidades estatales, municipalidades y entes públicos no estatales, a permitir la instalación de dispositivos en sus inmuebles, que permitan ampliar la cobertura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Esta nueva ley es un estímulo para que los operadores de telecomunicaciones puedan brindar más y mejores servicios en el país, promoviendo la reducción de la brecha digital.[/quote]

De igual forma, las 82 municipalidades del país se verán obligadas a acatar esta nueva disposición, de manera obligatoria en todos sus extremos, en momentos en que 14 de ellas reprueban el proceso de revisión de normativas de telecomunicaciones y otras siete ni siquiera cuentan con regulación en esta materia.

Por su parte, Juan Manuel Campos, socio fundador de Cyber Regulación, expresó que el Estado debe fomentar las inversiones en infraestructura y facilitar el uso racional de recursos escasos para que en el despliegue de nuevas redes móviles no se tengan obstáculos de cobertura.

“Resulta trascendente la autorización para el uso de edificios públicos que contiene la ley, pero también hay un golpe de timón importante cuando se señala que en la construcción de nueva infraestructura de carreteras se incluya el diseños de canalizaciones, ductos y espacios para ser puntos de alcance de ‘carreteras digitales’”, concluyó Campos.

¿Qué es?

• Nombre: “Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica”
• Número: 22.520
• Entrada en vigencia: 8 de junio 2022
• Ejecutores: Mopt, Micitt y empresas de telecomunicaciones
• Plazo máximo para ejecución: 120 días naturales
• Objetivo: Agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

¿Cuánto costaría un retraso en 5G?

Hasta $7.364 millones es la inversión estimada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) recibiría Costa Rica para 2025 por el despliegue y el desarrollo de redes de próxima generación móvil 5G.

Varios países de Latinoamérica ya han comenzado a desplegar la siguiente generación de comunicación móvil, tal es el caso de Uruguay y Puerto Rico, República Dominicana, Chile, México, mientras que el caso de Costa Rica ni siquiera se han recuperado parte de las frecuencias del espectro para ofrecer este servicio.

De no lograrse para esa fecha, el impacto económico afectaría sobre todo a seis sectores productivos: comunicaciones, administración pública - estos dos representan cerca del 50% del impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) - servicios profesionales, servicios financieros, sector inmobiliario y comercio.

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