Por Catalina Martínez Quintero
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Foto: Carla Coghi, socia directora para Centroamérica, Panamá y República Dominicana de Deloitte

(IN): El gobierno dio a conocer algunas medidas y habló de subir los impuestos ¿Cuál es la situación en Costa Rica?

(CC): Costa Rica está en una crisis económica complicada porque nuestras finanzas venían comprometidas desde años anteriores. En 2008, se aprueba una Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas donde se aprobó el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, nosotros teníamos un impuesto que gravaba el consumo.

Eso ayudó a incrementar el ingreso público en el 2019. Sin embargo, con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria por el COVID-19, los ingresos no han sido suficientes y los ingresos que se tenían a nivel de país pues, se tuvieron que, de una u otra forma, que reasignar a ciertos sectores que se han visto muy golpeados por la pandemia y dar subsidios a aquellas personas que se han quedado sin trabajo y la economía va en picada. Para que el Fondo Monetario Internacional otorgue este préstamo a Costa Rica, nosotros tenemos que garantizar al Fondo dos cosas fundamentales: primero, pues que el dinero se lo vamos a devolver en el plazo previamente establecido y, además nos tenemos que comprometer a un cambio, digamos, estructural que les garantice a ellos el retorno de ese préstamo, así como asegurarles cuáles son las fuentes de ingreso que le van a permitir al país pagarle el préstamo al Fondo Monetario Internacional.

(IN): ¿Cuáles son los impuestos que afectarían directamente al sector inmobiliario?

(CC): Bienes inmuebles es el impuesto a la teneduría de una casa o de un terreno, actualmente, este impuesto lo recaudan en los municipios y es de un 0.25% sobre el valor del inmueble; lo que se está planteando es un 0.50% adicional, pero éste no lo van a administrar los gobiernos locales sino que entraría al gobierno central, entonces lo que tendríamos es un impuesto de bienes inmuebles que pasa de 0.25% a 0.75% con dos administraciones tributarías; uno, las municipalidades y el otro, sería el gobierno central. Este impuesto se paga anual, se hacen anticipos trimestrales se van haciendo anticipos, pero es un impuesto determinado de forma anual.

(IN): ¿Hay otro impuesto que afecte al sector de la construcción?

(CC): Puntualmente un impuesto que afecta directamente a la construcción, no se está planteando, sin embargo, las empresas constructoras son contribuyentes al impuesto a las utilidades y por lo tanto, estaría pasando su tarifa de Impuesto Sobre la Renta de un 30% a 36%, adicionalmente están proponiendo un impuesto a las transacciones financieras que perjudica a todas las empresas, sean constructoras o no y a todas las personas físicas que realicen transacciones con los bancos.

Los primeros dos años se plantea una retención del 0.3% y los siguientes años del 0.2% por cualquier transacción financiera que se realice. Entendiendo por transacción financiera: cheques, traslados de dinero, el pagar un préstamo, pagar una tarjeta de crédito, el retirar dinero de un cajero automático, el pagar la planilla de forma electrónica -nómina- de forma electrónica; todo ello llevaría un recargo adicional del 0.3% que eso hoy no lo tenemos, ese sería un impuesto a las transacciones bancarias o financieras.

También, se plantean incrementos en las remesas al exterior que es el impuesto que grava a los no domiciliados. Cuando una persona física jurídica que está en el exterior viene a Costa Rica a realizar un trabajo, nosotros le retenemos por este concepto un 25% pasada esta reforma le tendríamos que retener un 5% adicional, estaríamos pasando a un 30%.

Lo cierto del caso es que este impuesto, a pesar de que el obligado es el que no está en Costa Rica sino el no domiciliado, las empresas costarricenses son las que lo asumen, entonces, sí se incrementaría bastante su carga tributaría. De igual forma el withholding tax que es el impuesto al dividendo, cuando yo lo pago al exterior estaría pasando de un 15% a 20% que también perjudicaría a las compañías constructoras que tengan su casa matriz fuera de Costa Rica y que por lo tanto, tengan que pagarle dividendos a ellas fuera del territorio costarricense.

Dentro de la propuesta hay un capítulo que se llama "Ampliación de las fuentes de crecimiento y aumento de la productividad" y dentro de la productividad, el gobierno dice que va a incentivar el tema de proyectos de infraestructura de obra pública, que al sector construcción es algo que claramente le interesa mucho y además, sabemos que el sector construcción es uno de los pilares más fuertes o fundamentales de nuestra economía porque es mucho el encadenamiento que da la construcción.

(IN): ¿Qué tipo de impuestos se pagan en el sector inmobiliario?

(CC): Se paga el IVA, sobre la compra de servicios y materiales de construcción; se paga el impuesto a las utilidades que sería el Impuesto Sobre la Renta, que ese es anual, es el 30% sobre la utilidad generada sobre el periodo fiscal, si contratan servicios en el exterior, que a veces es usual que contraten a algun ingeniero o algún arquitecto que le haga los planos en el exterior tienen que aplicar el Impuesto de Remesas al Exterior, que serían, en este caso, un 25% a como está la tarifa actualmente.

(IN): ¿Cuáles son los cambios en los impuestos planteados?

(CC): Básicamente es aumento de tarifas, del impuesto al salario de las utilidades a las empresas, el Impuesto Sobre la Renta que pasarían de un 30 a un 36%, y el aumento al impuesto de las utilidades de las personas físicas con actividad lucrativa. El aumento en las tarifas de los asalariados está subiendo en el último tramo un 10%, de un 25 a un 35%, es un aumento considerable, es un aumento importante.

Adicional, se está planteando el esquema de migración para renta global, actualmente nuestro sistema tributario se basa en el principio de secularidad, estaríamos pasando a un sistema de renta global dentro de dos años, el cambio no es inmediato sino que la propuesta la plantean para 2023, donde cada uno de los contribuyentes tendría que unificar su base de imposición o sumar todos sus ingresos en una sola base y tributar sobre esos.

Actualmente, nosotros tributamos de forma separada, por cada una de las manifestaciones de riqueza que se tienen hay diferentes tramos y esto estaría estandarizando tanto para persona física como para las empresas también.

(IN): ¿Qué tan viable es esto que están planteando ahorita porque toda la carga se la van a llevar tanto las empresas como los ciudadanos?

(CC): La acogida que tuvo del sector privado no fue la mejor, realmente todos os sectores se han pronunciado en contra de la propuesta por diferentes motivos y el principal motivo es una queja, abierta, pública y manifiesta para el gobierno porque la reducción en el gasto público no es una reducción, no se socaron tanto la faja, todavía ellos tienen mucha oportunidad de mejora para reducir el gasto público, pero se inclinaron más por aumentar impuestos que por reducir gasto.

Además hay ciertos impuestos que van en detrimento del consumo, el aumento en las tarifas de impuestos, pues claramente restan liquidez a las personas físicas y a las empresas, además las empresas este año -muchas- van a cerrar con pérdida, entonces si cierran con pérdida para que aumentar la tarifa de impuestos sino hay bases sobre la cual vayan a pagar impuesto.

(IN): ¿Cuál podría ser una alternativa a estos impuestos?

(CC): Lo hemos estado analizando, una reforma que podría ser importante, que además ya lo tenemos que es el Impuesto al Valor Agregado, hoy por hoy, el Impuesto del Valor Agregado del que se aprobó a finales de 2018 es un impuesto que todavía tiene muchas exoneraciones.

Es un impuesto donde tenemos tarifas reducidas desde el 1, 4, 2%, la tarifa general es del 13% con el problema de que la determinación del crédito fiscal es complicada porque hay que aplicar una regla de proporcionalidad. Entonces al contribuyente también se le hace difícil el determinar esa obligación.

Una propuesta que sería viable, que sería importante analizar y que aumenta la recaudación rápido porque esto es un impuesto mensual, sería el hacer del IVA un impuesto personalizado donde todos los servicios estarían gravados por el 13% y el contribuyente tendría derecho a aplicarse el IVA a un 13%, tendría derecho a la aplicación del crédito fiscal pleno, de esta forma eliminaríamos la complejidad de determinación, pero también eliminaríamos las exoneraciones.

(IN): ¿Usted propone un 13% parejo?

(CC): Exactamente, y al sector de construcción, puntualmente, esto le llegaría a servir. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos en construcción en este país es que la venta de bienes inmuebles está exenta, eso quiere decir que el que tiene un desarrollo inmobiliario y va a vender una casa, como no cobra el 13% todo el IVA que soporta para poder construir esa casa, no se le puede aplicar como crédito fiscal, forma parte del costo.

Por lo tanto, los desarrolladores han visto que tienen dos opciones; aumentan el precio de venta, que no es tan fácil porque el mercado es el que los obligaría a moverlo para arriba o para abajo o disminuye margen de utilidad. Si ese desarrollador tuviera la posibilidad de aplicarse como crédito fiscal todo el IVA que él soporta, o sea pasar a un crédito fiscal pleno, se evita este problema y hacemos muchísimo más transparente la determinación del Impuesto al Valor Agregado, siempre con una tarifa del 13%.

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