Por María Fernanda Cruz
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Un nuevo proyecto de ley que pretende reformar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) podría darle un fuerte empuje a las Alianzas Público Privadas (APP), que permiten la inyección de capital y gestión de las empresas privadas en proyectos públicos para desarrollar obras que sirvan a intereses de la ciudadanía y los empresarios.

Es una medida que algunos empresarios ven con buenos ojos, pues les permitiría barrer con las fronteras que hasta ahora los separan de la construcción de obra pública. También para los ciudadanos es una buena noticia: la infraestructura tendrá más fuentes desde donde obtener soporte económico.

El Poder Ejecutivo presentó la propuesta este 11 de marzo ante la Asamblea Legislativa con el propósito de impulsar la creación de inmuebles indispensables para el país. Para ello, propone crear un Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV) en sustitución del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), actual encargado de otorgar concesiones y mantener en buen estado la red vial del país.

Al Instituto, que será un órgano autónomo y con recursos propios, la ley le dará herramientas alternativas de financiamiento, como fideicomisos y APPs, y le facilitará el acceso a otras figuras más conocidas como la concesión. Su propósito es que no dependa de los recursos del Estado, que usualmente son insuficientes para satisfacer las necesidades.

“De esta forma, tanto el Instituto como el sector privado tendrían la capacidad de identificar potenciales esquemas de gestión de la infraestructura, y el Instituto tendría las herramientas legales para implementarlos”, destaca el proyecto de ley.

¿Para qué APPs?

En un escenario de poco crecimiento de la inversión en comparación con el gasto que se hace en otros rubros como salarios, las alianzas con la empresa privada son determinantes para poder seguirle el ritmo a las necesidades de infraestructura que enfrenta el país, opinan los empresarios del sector.

Aunque el ritmo de crecimiento en la inversión en infraestructura ha venido aumentando entre un 14 y un 10% en los últimos dos años, sigue representando un bajo porcentaje del PIB (1,4%), lo cual ubica a Costa Rica por debajo de los países de renta media del continente. VER GRÁFICO.

Mientras tanto, América Latina abre cada vez más las puertas para la inversión privada en proyectos de obra pública. En el 2012, reseña el periódico El País de España, se alcanzó la mayor cifra de participación del sector privado en obra pública en la última década.

Esto significó una inversión de $87.000 millones, según cifras del Banco Mundial. Brasil, Chile, México y Perú son los líderes de la región y a quienes Costa Rica debe mirar para avanzar.

Los organismos internacionales, de hecho, ya vienen advirtiendo de la baja capacidad de este Estado de invertir en gastos de capital y de la importancia de hacerlo para dinamizar la  la economía del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a las comunidades mundiales aumentar su inversión en infraestructura para dinamizar la economía mundial con financiamientos privados en vez de públicos, para no recargar las finanzas de los países. Los bajos tipos de inversión que todavía prevalecen pueden ser una buena señal para darle apoyo al sector.

[quote width="auto" align="none" border="#002f56" color="#59a3d9" title="dijo en el 2014 Abdul Abiad, jefe adjunto de la división de Investigación del FMI en una rueda de prensa reseñada por la agencia de noticias EFE"] Un incremento del  1% del PIB en la inversión en infraestructura aumenta el nivel de producción en torno a un 0,4% en el mismo año y cerca de 1,5 % en los cuatro años siguientes[/quote]

Lo dijo hace prácticamente dos años, pero su validez traspasa las barreras del tiempo, pues es hasta hoy que comienza a hacer eco entre las autoridades costarricenses.

El viceministro de Proyectos y Reformas del MOPT comentó que, aún sin la ley, el ministerio está explorando otras opciones para impulsar el uso de estas herramientas alternativas.

Es una buena noticia para los desarrolladores inmobiliarios que han tratado de participar en estas alianzas, pero que han obtenido resultados poco menos que desalentadores.

Inserción tímida

La figura ya es común en Latinoamérica y Costa Rica ya tiene vías para utilizarla dentro de la actual normativa.

[quote width="auto" align="none" border="#002f56" color="#59a3d9" title="explicó el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Jorge Arturo González"] Dentro del marco de la Ley General de Contratación Administrativa, el Artículo 55 permite que se generen contrataciones de varios tipos[/quote]

Aunque tímidamente, el país ya ha utilizado esta y otras vías para lograrlo. El artículo 55, mencionado por el presidente de la Cámara de la Construcción, dio paso a la  a la Ley de Gestión Interesada del Aeropuerto Juan Santamaría hace años.

Según información de la CCC, en este momento solo se desarrolla otro proyecto en esta modalidad, que es la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. El proyecto empezó en febrero del 2015 y se espera que su primera etapa concluya en el 2018.

Sin embargo, otros ejemplos obligan a pensar en la necesidad de contar con un marco legal concreto “que le dé seguridad jurídica a los empresarios”, dijo González.

El proyecto fallido

También el Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), que agrupa a varios empresarios del sector, trató de participar en un proyecto que podría caber dentro de la denominación de las APP, pero el plan original fracasó pues no logró recolectar todo el dinero que necesitaba para llevar a cabo la obra, que consistía en la ampliación de la Ruta 147, Radial-Santa Ana.

Era un proyecto que le beneficiaba tanto a los empresarios e inversionistas que tenían sus negocios dentro de la zona como a los ciudadanos que viven en los pueblos cercanos, pero que no logró concretarse pues los empresarios no creyeron en que el Gobierno pudiera cumplir con su parte del trato, detalló la directora Ejecutiva del CODI, Mónica Navarro.

[quote width="auto" align="none" border="#002f56" color="#59a3d9" title="comentó Mónica Navarro, directora Ejecutiva del CODI"]Luego de la negativa de los inversionistas, el proyecto regresó al principio de la negociación, sin ningún avance, y ahora se gesta por medio de un fideicomiso privado que está a la espera de permisos ambientales para avanzar[/quote]

Sin embargo, para ella esta sigue siendo una herramienta necesaria. “Es la mejor herramienta que podemos tener para lograr avanzar con la obra pública en el país”, expresó.

Desazón histórica

Si son tan importantes este tipo de alianzas, ¿por qué no han prosperado históricamente?

Una de las razones podría residir en la falta de costumbre de los entes involucrados. En la etapa de adaptación, todavía hay apreciaciones culturales que no logran acomodarse a los nuevos procesos: un Estado benefactor, como el que fue Costa Rica en los años 80, dejó la costumbre de que debía ser el Estado el proveedor de infraestructura.

Por ejemplo, dijo Navarro, la percepción de que hay un interés oculto detrás de un proyecto desarrollado por empresarios privados prevalece entre los funcionarios.

“Dentro de la Administración existe el temor de que un aporte realizado por el sector privado siempre tiene que venir con algo oscuro”, comentó la directora del CODI.

“En el caso de la ruta 147,es cierto que los inversionistas que aportaron fondos se ven beneficiados con la ampliación para mejor comodidad de sus proyectos, pero son más los beneficiados que no aportan, como lo son los cientos de comercios de la zona o los vecinos de pueblos que usan esa ruta diariamente”, agregó.

Para Jorge Arturo González, también los proyectos fallidos de la refinería con China, de la carretera a San Ramón con OAS e incluso el de Crucitas, dejaron una mala impresión entre los costarricenses que es necesario superar.

Otras rutas para ayudar

Cuando un proyecto llega a la Asamblea Legislativa se puede quedar años allí y nunca ver la luz. Si no cuenta con un buen ambiente político, puede morir enterrado bajo miles de expedientes y finalmente ser archivado.

¿Qué pasa si no se aprueba el proyecto de ley de creación del INIV, que apoya la creación de las alianzas público privadas?

Existen varias vías para aprovechar la normativa que ya existe y generar convenios.

También existen otras formas en que el sector privado propone colaborar: elaborar estudios y presionar al Gobierno a cumplir con sus promesas son parte importante de esas propuestas.